La marcada división en que se encontraba presente en el seno
de la sociedad chilena había llegado a un punto de no retorno y los sectores de
oposición al gobierno y aquellos que lo respaldaban se contemplaban como bandos
irreconciliables, pues poseían formas muy distintas de percibir y analizar la
realidad del país; y de la misma forma en que indicamos más arriba, el fin de
la crisis política que tenía paralizado al país sólo podía llegar tras la toma
definitiva del poder por parte del sector revolucionario de la Unidad Popular,
o mediante un golpe militar de Estado que recompusiera el status quo que
prevalecía antes de que Allende asumiera el gobierno del país.
El día martes 11 de septiembre
de 1973 las Fuerzas Armadas comandadas por el recientemente ascendido general
Augusto Pinochet, dieron un golpe de Estado, a través de un movimiento rápido y
concertado que implicó que los cuadros castrenses tomaran control de todas las
intendencias y gobernaciones del país, y que cercaran militarmente (con
vehículos blindados y unidades de combate) el palacio de La Moneda.
Los militares golpistas
ofrecieron al presidente Allende que si presentaba su renuncia al cargo se le
respetaría como tal y podría salir del país junto a su familia. La respuesta de
Allende fue negativa y decidió resistir el sitio a La Moneda junto a su guardia
personal, el GAP. Luego de 3 horas de intensa lucha, a las 11:00 de la mañana,
y tras el bombardeo del frontis de La Moneda efectuado por dos aviones Hawker
Hunter, los que provocaron un incendio que obligó a Allende a suspender su
resistencia y a solicitar una tregua para que abandonaran el palacio los
miembro del GAP, a quienes Allende había liberado de sus responsabilidades. Los
miembros del GAP al salir procedieron a rendirse e inmediatamente fueron hechos
prisioneros. Tras la salida de su guardia personal, el presidente Allende se
suicidó.
Las primeras declaraciones de
los militares tras el golpe de Estado fueron las siguientes:
“Teniendo presente que el
gobierno de Allende ha incurrido en grave ilegitimidad, demostrada al
quebrantar los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de
enseñanza, derecho de huelga, derecho de petición, derecho de propiedad, y
derecho en general a una digna y segura subsistencia. Que el mismo gobierno ha
quebrantado la unidad nacional fomentando artificialmente una lucha de clases
estéril y en muchos casos cruenta…llevando a una lucha fraticida y ciega…Que
además el gobierno se ha colocado al margen de la Constitución en múltiples
oportunidades…las que por distintos motivos han quedado sin sanción…las Fuerzas
Armadas han asumido el deber moral que la patria les impone de destituir al
gobierno que, aunque inicialmente legítimo, ha caído en ilegitimidad flagrante,
asumiendo el poder por el sólo lapso en que las circunstancias lo exijan,
apoyado en la evidencia el sentir de la gran mayoría nacional, lo cual de por
sí, ante Dios y ante la Historia, hace justo su actuar y por ende, las resoluciones,
normas e instrucciones que se dicten para la consecución de la tarea del bien
común y de alto interés patriótico que se dispone a cumplir” (Bando Nº 5, 11 de
septiembre de 1973).
Tras la caída de Allende, el poder fue asumido por una Junta
Militar que estaba constituida por el general Augusto Pinochet (Ejército), el
general Gustavo Leigh (Fuerza Aérea) y el general César Mendoza (Carabineros) y
el almirante José Toribio Medina (Armada). A pesar de actuar en forma conjunta,
los miembros de la Junta Militar tenían ópticas distintas sobre las funciones y
objetivos que debían cumplir: una parte de la Junta deseaba implantar un
gobierno militar caracterizado por la mano dura, y el otro sector quería que la
Junta tras un breve periodo de transición entregara el control del gobierno a
los civiles.
Debido a las diferencias entre
sus integrantes, la Junta Militar asumió la jefatura de Estado sin un programa
de gobierno definitivo; sin embargo, tras un breve periodo en el poder el
accionar de la Junta Militar se fue aclarando. Las acciones inmediatas que los
militares tomaron fue la suspensión de la Constitución Política de 1925; la
declaración del Estado de Sitio y del toque de queda; la disolución del
Congreso; la proscripción de las organizaciones políticas que componían la
Unidad Popular, y posteriormente la de los demás partidos políticos; la
restricción de las libertades civiles; la supresión de toda actividad sindical;
y el control de los medios de comunicación.
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